El entramado que estafó con al menos medio millón de pesos a múltiples bancas de apuestas del país en un “sorteo especial” transmitido en televisión nacional el pasado  1 de mayo, había prohibido a los mismos empleados de la Lotería Nacional ser parte de la red que realizaría las jugadas de ese día para no “levantar sospechas”.

Según el expediente de 85 páginas con el que el Ministerio Público solicita medida de coerción por un año en contra del grupo, a los empleados también se les ocultó el número que saldría como el máximo premio en el sorteo: el bolo 13.

Se le prohibió a los empleados de la Lotería Nacional ser parte de la red que realizarían las jugadas, alegando que eso podía levantar sospecha, por igual se les mantuvo oculto el número que saldría ya que el bolo seleccionado de todos los que tenían fue entregado poco ante del sorteo”, se lee en el documento.

Otra estrategia del “modus operandi” de los imputados consistió en borrar los mensajes y conversaciones telefónicas que pudieran implicarlos en el fraude que se planificaba desde julio del año pasado.

Los integrantes de la presunta organización criminal tampoco podían depositar el dinero producto del sorteo en los bancos ni tenerlo en sus casas “por si ocurría alguna actuación del Ministerio Público en el proceso”.

“(…) por igual (se les instruyó) para que no depositaran el dinero producto del soborno en los bancos, asimismo para que no lo tuvieran en su casa, por si ocurría alguna actuación del Ministerio Público en el proceso”, continúa el Ministerio Público.

Según el órgano persecutor, las cabecillas del entramado son Luis Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional, y su “mano derecha” William Lizandro Rosario Ortiz.

Rosario Ortiz, propietario del Consorcio de Bancas Rosario Ortiz, prohibió la venta del número 13 en negocio.  

Medida de coerción

La jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, conocerá este miércoles la solicitud de medida de coerción en contra de los 10 vinculados en la “Operación 13” puesta en marcha por el Ministerio Público el sábado pasado.

Luego de una suspensión de la audiencia pautada para las 9:00 de la mañana, se sabrá si la magistrada dictará prisión preventiva en contra de ocho implicados y arresto domiciliario los dos

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